La República Dominicana pone en marcha este lunes 3 de agosto un nuevo Código Penal, marcando una de las reformas más significativas de su sistema de justicia en los últimos 142 años. La legislación, aprobada mediante la Ley 74-25, reemplaza el Código Penal vigente desde 1884 e incorpora 43 modificaciones destinadas a actualizar el marco jurídico frente a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y delictivas.
La nueva normativa introduce más de 70 tipos penales que hasta ahora no estaban contemplados en la legislación nacional, además de endurecer las penas para diversos delitos y dotar al sistema judicial de nuevas herramientas para combatir formas de criminalidad emergentes.
Entre las novedades figura el incremento de la pena máxima de prisión a 40 años por un solo delito, mientras que la acumulación de condenas podrá alcanzar hasta 60 años cuando una persona sea encontrada culpable de múltiples infracciones.
Por primera vez, el Código Penal tipifica de manera independiente delitos como el feminicidio y el sicariato. También incorpora nuevas conductas sancionables, entre ellas el ciberacoso, la extorsión mediante la difusión o amenaza de divulgar contenido íntimo —incluidos los llamados deepfakes—, la desaparición forzada, las estafas piramidales con criptomonedas, la suplantación de identidad digital y los ataques con sustancias corrosivas, conocidos popularmente como «ácido del diablo».
La reforma igualmente fortalece el combate contra la corrupción administrativa, el crimen organizado, la trata de personas y el terrorismo. Además, incorpora al ordenamiento jurídico dominicano figuras como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
En cuanto a la protección de las víctimas, el nuevo Código amplía las medidas frente a la violencia de género y la violencia intrafamiliar, reconoce distintas modalidades de agresión, refuerza las órdenes de protección y penaliza expresamente las relaciones sexuales sin consentimiento dentro de la pareja. También crea un registro de agresores sexuales y amplía los plazos para la persecución de estos delitos.
Otra de las innovaciones es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su beneficio. No obstante, esta disposición comenzará a aplicarse tres meses después de la entrada en vigor del resto de la ley.
La normativa también moderniza el régimen de multas, establece nuevas modalidades para el cumplimiento de penas menores, endurece las sanciones por fraude financiero e inmobiliario y fija límites más precisos para las actuaciones policiales, con el objetivo de reforzar las garantías y derechos fundamentales de los ciudadanos.
A partir de este lunes, jueces, fiscales, agentes policiales y demás actores del sistema de justicia deberán aplicar las disposiciones del nuevo Código en los casos que correspondan.
El Poder Ejecutivo informó que mantendrá en funcionamiento una comisión de seguimiento encargada de evaluar la implementación de la reforma y proponer ajustes futuros sin afectar la vigencia de la legislación.
Con 393 artículos, el nuevo Código Penal deroga oficialmente la normativa que rigió la justicia penal dominicana desde 1884 y representa un paso trascendental en la actualización del marco legal del país.
