Cuarenta kilómetros de valla de unos cinco metros de altura permiten vislumbrar desde la distancia parte de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Imponentes muros de hormigón culminados con alambradas -a los que se ha añadido un nuevo sistema de vigilancia digital con sensores y cámaras de visión nocturna- con los que las autoridades helenas confían en contener la oleada potencial de refugiados solicitantes de asilo tras la toma de Afganistán por parte de los talibanes. Un esfuerzo de más de 60 millones de euros para evitar que se repita la crisis de refugiados de 2015, cuando cerca de un millón de personas que huían del conflicto armado en Oriente Medio emplearon esta ruta para buscar un futuro en Europa.
“Nuestras fronteras permanecerán seguras e inviolables (…) si bien Grecia es miembro de la UE y apoya los derechos humanos, “no podemos esperar pasivamente las posibles consecuencias”, ha declarado el ministro de Protección Ciudadana, Mijális Jrisojoidis, quien el viernes supervisó las obras junto al ministro de Defensa y jefe de las fuerzas armadas, Nikos Panayotópulos, evidenciando su escasa confianza en que el acuerdo suscrito por la UE y Turquía en 2016 para detener los flujos migratorios a cambio de apoyo financiero vaya a ser suficiente.
A nivel diplomático, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, han mantenido contacto telefónico en los últimos días para abordar una problemática conjunta para la que reclaman mayor apoyo internacional para que los países limítrofes con Afganistán puedan contener el éxodo.
Se trata de un gesto de calado entre dos aliados de la OTAN pero históricos rivales enfrentados durante décadas por reclamaciones territoriales. En ese sentido, Erdogan alabó la sintonía entre ambos para advertir a la UE de que Turquía no se convertirá en el “almacén de refugiados” de Europa.
