El Gobierno del presidente ultraderechista Nayib Bukele desplegó este miércoles 5.000 efectivos del Ejército y 500 de la Policía en un municipio del norte del país, luego de que un policía fuera presuntamente asesinado por miembros de bandas criminales. Los hechos se dieron el mismo día en que el Congreso de mayoría oficialista extendió un mes más el régimen de excepción en el país, a pedido expreso de Bukele.
El presidente salvadoreño volvió a cargar contra las bandas criminales, conocidas localmente como maras. El mandatario desplegó el martes 16 de mayo 5.000 soldados y 500 policías en búsqueda de los presuntos pandilleros que habrían matado a un miembro de la policía.
Esta operación se lleva a cabo en el municipio de Nueva Concepción, perteneciente al departamento de Chalatenango, a 73 kilómetros de San Salvador.
La policía informó del asesinato en un escueto comunicado en Twitter, en el que la institución aseguraba que el agente fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros dos colegas.
Poco después, Bukele arremetió contra las maras en su cuenta de Twitter: “Que sepan todas las ONG de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”, publicó el mandatario.
La Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del estado de excepción
En la noche del martes, el Congreso salvadoreño aprobó la decimocuarta prórroga al régimen de excepción que ha estado vigente en el país desde marzo de 2022, luego de una serie de fatídicas jornadas en las que se llevaron a cabo 97 asesinatos atribuidos a bandas criminales.
El régimen de excepción ha permitido detener a 68.700 ciudadanos que el Gobierno señala de ser pandilleros involucrados en el narcotráfico y de pertenecer a bandas criminales como la Mara Salvatrucha 13 o Barrio 18. Todo ello, en medio de la mirada crítica de organizaciones de DD. HH. que cuestionan la legalidad en la que se han llevado a cabo los arrestos.
El estado de excepción anula varios derechos constitucionales, como la libertad de asociación y reunión, a ser informado del motivo de una detención y en el caso de las actuales detenciones, la restricción de la asistencia de un abogado.
