En una resolución judicial que ha sacudido los cimientos de la política española, el magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado este sábado el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además de sentarla en el banquillo, el instructor le ha impuesto severas medidas cautelares, justificando la retirada inmediata de su pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional bajo la polémica premisa de que sus propias fuerzas de seguridad podrían colaborar en una eventual fuga.
Gómez, quien será juzgada por un jurado popular, enfrenta acusaciones por cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Las mismas restricciones fronterizas y la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados de la Plaza de Castilla han sido aplicadas a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez.
La polémica tesis del juez sobre la escolta policial
El punto más controvertido del auto del juez Peinado radica en la justificación del riesgo de fuga. En el texto, el magistrado argumenta que la condición de Begoña Gómez le otorga los medios necesarios para eludir la acción de la justicia, sugiriendo de forma explícita que las fuerzas de seguridad asignadas a su protección podrían jugar un papel en ello:
«Los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado encargados de su protección personal bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores podrían facilitar la fuga, haciendo imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia», reza un fragmento de la resolución.
Esta afirmación ha provocado una respuesta incendiaria tanto en el ámbito político como en el policial. Sindicatos de la Policía Nacional, como Jupol y la Confederación Española de Policía (CEP), han calificado la hipótesis de «auténtica barbaridad», «ataque intolerable» y una «ofensa escandalosa y miserable» a la lealtad e integridad de los agentes que sirven al Estado.
Ola de reacciones: Entre la «persecución» y la «guarida»
El Ejecutivo y el Partido Socialista (PSOE) han cerrado filas en torno a la esposa del presidente, activando en redes sociales campañas de apoyo bajo la etiqueta #YoConBegoña. Ministros como Óscar Puente han calificado el auto de «ignominia» y acusado al magistrado de mantener una «obsesión enfermiza» por desgastar políticamente al Gobierno. Por su parte, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, tachó la jornada como «un día nefasto para la Justicia», insistiendo en la total inocencia de Gómez.
En la acera opuesta, el Partido Popular (PP) ha elevado el tono drásticamente. Miembros de la dirección nacional exigieron la convocatoria inmediata de elecciones generales, señalando que las medidas del juzgado confirman la gravedad del caso y acusando a La Moncloa de haberse convertido en una «guarida de delincuentes».
Defensa recurrirá las medidas cautelares
Fuentes del entorno de Begoña Gómez confirmaron a agencias de prensa que su equipo legal presentará un recurso de apelación contra las medidas cautelares de retirada de pasaporte y presentaciones apud acta (obligación de firmar en el juzgado), al considerarlas desproporcionadas y carentes de base objetiva. Aunque la decisión de enviarla a juicio oral es firme e inapelable según la Ley del Jurado, la batalla por las restricciones de su libertad ambulatoria apenas comienza en la Audiencia Provincial de Madrid.
