La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) participó el pasado jueves en las vistas públicas convocadas por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que estudia el Proyecto de Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, con el objetivo de aportar propuestas que contribuyan a la modernización de una normativa vigente desde hace más de cuatro décadas.
En representación de ANJE, asistieron Boris De León, vicesecretario de la Junta Directiva y co-coordinador de la Comisión de Justicia y Legislación, y Crystal Fiallo Scanlon, directora ejecutiva, quienes reiteraron la necesidad de contar con un marco legal que promueva el desarrollo del mercado de alquiler, incentive la inversión privada y asegure mecanismos eficaces para la resolución de conflictos entre inquilinos y propietarios.
“La propiedad privada, cuando se coloca en alquiler, se hace en una situación de riesgo. Para estimular la inversión y aumentar la oferta de inmuebles en alquiler, debe garantizarse la tutela judicial efectiva y oportuna”, expresó Boris De León, sugiriendo que los conflictos se resuelvan en un plazo no mayor de seis meses y que se permita el uso de cláusulas arbitrales.
Durante su intervención, Fiallo dio lectura al documento depositado por ANJE ante la Comisión, en el cual se propone, entre otros puntos, que los topes de reajuste de precios apliquen únicamente en ausencia de acuerdos contractuales y que se garantice la ejecutoriedad inmediata de las sentencias de primer grado en casos de falta de pago o terminación del contrato.
En cuanto a los depósitos y garantías, ANJE recomendó eliminar el tope de dos meses para contratos comerciales y la creación de un fondo de garantía en una entidad financiera que genere intereses a favor del inquilino, a fin de facilitar devoluciones parciales o totales al finalizar el contrato de arrendamiento.
La participación de ANJE se enmarca en su compromiso con la mejora del clima de inversión y el fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país, promoviendo una legislación moderna que fomente el equilibrio entre los derechos de los propietarios y los inquilinos, y que dinamice el acceso a la vivienda y a los espacios comerciales bajo condiciones más transparentes y eficientes.
