El reconocido jurista decidió dejar sin efecto la acción legal tras ponderar el escenario judicial y asegurar que busca evitar distorsiones en los procesos en curso.
SANTO DOMINGO.– El abogado penalista Carlos Balcácer anunció formalmente el desistimiento de la querella que había interpuesto en contra de Mirna Ortiz directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
La decisión, que marca un giro en el constante pulso entre la defensa técnica de varios imputados en casos de presunta corrupción y el órgano persecutor, fue notificada por el propio jurista, quien alegó razones de ponderación jurídica y estrategia procesal.
Un paso atrás en el conflicto judicial
Balcácer explicó que, tras analizar detenidamente el curso de los expedientes y el impacto de mantener un frente judicial directo contra los miembros del Ministerio Público que encabezan las investigaciones de corrupción, consideró prudente retirar la acción penal.
Según fuentes cercanas al proceso, el veterano abogado busca concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la defensa técnica de sus representados en los tribunales, evitando que la querella personal se convirtiera en un elemento distractor o de debate político-mediático.
«La decisión responde a un análisis estrictamente profesional. El ejercicio del derecho penal exige pragmatismo y el enfoque actual debe estar concentrado en desmontar las acusaciones en el escenario natural, que son las audiencias», señaló una fuente vinculada a la defensa.
Contexto de las tensiones
La querella ahora retirada se sumaba a una serie de fricciones y debates públicos que han caracterizado los casos de alta relevancia procesados por la Pepca en los últimos años. Las defensas técnicas han cuestionado con frecuencia los métodos de investigación y las declaraciones públicas de los fiscales del órgano persecutor, mientras que el Ministerio Público defiende la rigurosidad de sus pesquisas y la solidez de sus pruebas.
Con este desistimiento, se reduce uno de los focos de tensión colaterales en el sistema judicial, permitiendo que el debate vuelva a centrarse en la validez de las pruebas de los expedientes de presunta corrupción administrativa que actualmente se ventilan en las salas de audiencia del país.
