En una maratónica sesión judicial que concluyó la madrugada de este martes, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencias condenatorias contra los principales implicados en una red de corrupción militar y policial que desfalcó miles de millones de pesos al Estado dominicano entre 2012 y 2020.
Las condenas principales
El tribunal impuso la pena máxima solicitada para los cabecillas del entramado, quienes operaban desviando recursos públicos a través de cuerpos de seguridad del Estado:
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Mayor General Adán Cáceres Silvestre (exjefe del Cuerpo de Especializado de Seguridad Presidencial – Cusep): 20 años de prisión por asociación de malhechores, desfalco, prevaricación y enriquecimiento ilícito.
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General Juan Carlos Torres Robiou (exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística – Cestur): 20 años de prisión por los mismos cargos.
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Coronel Rafael Núñez de Aza (Policía Nacional): 20 años de prisión, sumando a sus cargos el delito de lavado de activos agravado.
Además de la privación de libertad, las juezas ordenaron a los tres principales condenados el pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos y la devolución de RD$5,000 millones de pesos en favor del Estado dominicano.
Otras sentencias destacadas
El dictamen incluyó condenas para un total de 29 imputados, reflejando la magnitud del caso:
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15 años de prisión: Dictados contra el general de la Fuerza Aérea, Julio Camilo de los Santos Viola, y la pastora Rossy Guzmán.
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10 años de prisión: Aplicados a otros siete implicados, entre ellos Esmeralda Ortega Polanco, José Manuel Rosario Pirón y Boanerges Reyes Batista.
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Caso testigo clave: El mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, cuya colaboración y testimonios resultaron fundamentales para desarticular la red, recibió una condena de 5 años bajo la modalidad de pena ya cumplida.
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El resto de los implicados recibieron penas suspendidas de entre 3 y 5 años, mientras que 6 personas resultaron absueltas.
¿Cómo operaba la red?
Según el expediente del Ministerio Público validado por el tribunal, el grupo criminal utilizó las nóminas y los presupuestos del Cusep y el Cestur. El esquema consistía en registrar a militares y policías con sueldos asignados de entre RD$20,000 y RD$70,000 pesos mensuales; sin embargo, a los uniformados solo se les entregaba una pequeña fracción del dinero, mientras que el grueso de los fondos era retenido y acumulado por los líderes de la organización. También se desviaron fondos destinados a raciones de alimentos, combustibles y labores de inteligencia.
Tras el fallo emitido por el tribunal (presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez), el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, calificó la decisión como un hito «histórico» que reconoce la solidez de las investigaciones del Ministerio Público frente a las estructuras de corrupción en la plana mayor militar.
