El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (Codessd) afirmó que el principal desafío frente al bullying y el ciberbullying no es la aplicación de sanciones, sino el fortalecimiento de las medidas de prevención y de la capacidad de respuesta de los centros educativos en el contexto de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
El planteamiento fue realizado durante el desayuno-conferencia «Gobernanza, Compliance y Protección Escolar: Desafíos Frente al Bullying y el Ciberbullying en el Marco del Nuevo Código Penal», que reunió a representantes del sector educativo, especialistas y miembros de la sociedad civil para analizar estrategias de protección de niños, niñas y adolescentes en las escuelas.
El presidente del Codessd, Samuel Cena señaló que la tipificación del acoso escolar y el ciberacoso en el nuevo Código Penal constituye un avance para el país, aunque insistió en que la prioridad debe ser desarrollar una cultura de prevención y dotar a los centros educativos de herramientas para enfrentar estas situaciones.
Durante la actividad, la abogada Julia Muñiz Suberví explicó que el nuevo marco legal, junto con las normativas del Ministerio de Educación obliga a las instituciones educativas a fortalecer sus sistemas de prevención, gestión de riesgos y atención de casos de acoso escolar.
La especialista indicó que con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, la prevención del bullying y el ciberbullying pasa de ser una recomendación pedagógica a una responsabilidad institucional, por lo que recomendó implementar protocolos claros, mecanismos de detección temprana, sistemas de documentación y seguimiento, así como procesos de cumplimiento normativo.
En el encuentro también fue presentada la guía «Reflexión en los centros educativos: sobre la importancia del compliance y la prevención del acoso escolar y el ciberacoso», elaborada por Muñiz Suberví, con el objetivo de orientar a las comunidades educativas en la adopción de buenas prácticas para fortalecer la seguridad escolar.
El Codessd recordó que en 2023 identificó la ausencia de disposiciones específicas sobre bullying y ciberbullying en la Ley 136-03, por lo que elaboró una propuesta técnica presentada inicialmente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posteriormente, la iniciativa fue sometida al Congreso Nacional por la diputada Soraya Suárez, lo que permitió incorporar ambos delitos en el nuevo Código Penal.
Como parte de las recomendaciones, la entidad exhortó a los centros educativos a actualizar sus manuales de convivencia y protocolos internos, capacitar de forma permanente al personal docente y administrativo, y fortalecer la coordinación entre las escuelas, las familias, el Estado y la sociedad civil para prevenir el acoso escolar.
