El gobierno del presidente Donald Trump anunció este viernes nuevas disposiciones migratorias que endurecen el acceso a la residencia permanente en Estados Unidos y obligarán a la mayoría de los solicitantes a completar el proceso desde sus países de origen.
La medida fue dada a conocer por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que informó que gran parte de los extranjeros que aspiren a obtener la llamada “green card” ya no podrán tramitar el ajuste de estatus dentro del territorio estadounidense, como ocurría hasta ahora en muchos casos.
Con las nuevas reglas, los solicitantes deberán acudir a consulados estadounidenses en sus respectivos países para continuar el procedimiento, salvo excepciones especiales que serán evaluadas individualmente por funcionarios migratorios.
El portavoz de USCIS, Zach Kahler, aseguró que la política busca fortalecer el cumplimiento de las leyes migratorias y evitar que personas permanezcan ilegalmente en el país luego de recibir una negativa en sus solicitudes.
“La intención es que el sistema funcione conforme a lo establecido por la ley y reducir vacíos que incentiven permanencias irregulares”, indicó el funcionario en una declaración oficial.
Expertos en inmigración y exfuncionarios consultados por medios estadounidenses advirtieron que el cambio podría impactar a cientos de miles de personas cada año, especialmente a familias y trabajadores que ya residen legalmente en Estados Unidos bajo visas temporales.
Michael Valverde, exalto funcionario de USCIS, consideró que la decisión representa una de las restricciones más severas a la inmigración legal en tiempos recientes y señaló que muchas familias enfrentarán incertidumbre sobre su permanencia en el país.
Hasta ahora, numerosos inmigrantes con distintos tipos de visas podían solicitar la residencia sin abandonar territorio estadounidense, lo que les permitía continuar trabajando y permanecer junto a sus familias mientras avanzaba el proceso.
La nueva normativa contempla excepciones limitadas para ciertos casos humanitarios, como personas que enfrenten riesgos graves al regresar a sus países de origen. También podrían mantenerse algunos beneficios para portadores de visas de “doble intención”, como las H-1B destinadas a trabajadores altamente cualificados.
Doug Rand, quien también ocupó cargos en USCIS durante la administración de Joe Biden, advirtió que uno de los grupos más afectados podría ser el de cónyuges de ciudadanos estadounidenses que actualmente viven en el país con visas de estudiante u otros permisos temporales.
Diversas organizaciones de apoyo a inmigrantes expresaron preocupación por la discrecionalidad que tendrán los funcionarios para decidir quién podrá permanecer en EE.UU. mientras se procesa su solicitud.
Las nuevas disposiciones se suman a otras políticas migratorias implementadas por la administración Trump, entre ellas restricciones de entrada para ciudadanos de decenas de países, suspensión de trámites de visas y revocaciones de permisos estudiantiles.
