El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que el nuevo Código Penal contiene disposiciones que podrían representar un retroceso en la protección de las víctimas de agresiones sexuales contra menores de edad y afirmó que las modificaciones sometidas por el Poder Ejecutivo no corrigen todos los problemas de la legislación.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, el jurista explicó que la propuesta elimina el párrafo que suspendía el plazo de prescripción hasta que la víctima alcanzara la mayoría de edad, lo que, a su juicio, reduce significativamente las posibilidades de que estos casos sean perseguidos judicialmente.
«No es que se redujo de 30 a 20 años la prescripción, es que todavía es peor. El párrafo que suspendía esa prescripción se eliminó en esta propuesta de reforma. Es decir, que ahora son 20 años desde que ocurre el hecho cuando prescribe el delito. Antes el plazo comenzaba a contar a partir de que la víctima cumpliera la mayoría de edad», explicó.
Castaños Guzmán sostuvo que este tipo de modificaciones deben analizarse con detenimiento, ya que muchas víctimas de abuso sexual infantil denuncian los hechos años después de haber ocurrido.
«Por eso es por lo que las cosas no se pueden hacer a la carrera. Hay aspectos que requieren un análisis mucho más profundo», afirmó.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus también cuestionó el argumento de que el nuevo Código Penal contribuirá por sí solo a disminuir la criminalidad.
«No me digan que este Código va a resolver el problema de la criminalidad, porque los códigos no previenen, los códigos intervienen», expresó.
En ese sentido, recordó que las autoridades han informado en reiteradas ocasiones sobre una reducción de los índices de criminalidad bajo la legislación vigente, por lo que consideró que ese discurso debe manejarse con mayor responsabilidad.
Asimismo, advirtió que algunas disposiciones del proyecto podrían generar dificultades en su aplicación por parte de los jueces y planteó preocupaciones sobre el equilibrio institucional.
«Los jueces no están para configurar el delito, están para aplicar la ley. No podemos permitir que el Tribunal Constitucional termine gobernando este país. Hay atribuciones que son exclusivas del Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional no está para legislar ni para convertirse en un constituyente», concluyó.
