jueves, 9 julio, 2026
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Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática exigen transformar la Policía Nacional

Los partidos Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática exigieron este miércoles al Gobierno impulsar una transformación estructural de la Policía Nacional, tras la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, ocurrida en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera, Santo Domingo Oeste, presuntamente a manos de un agente policial.

Durante una rueda de prensa, los dirigentes Guillermo Moreno, María Teresa Cabrera y Miguel Alejandro Martínez calificaron el hecho como una muestra de un problema estructural dentro de la institución del orden y reclamaron el fin de la impunidad en los casos de violencia policial.

Al leer una declaración conjunta, Moreno sostuvo que la muerte de Darlin Mercado no constituye un hecho aislado y afirmó que en los primeros seis meses de 2026 unas 147 personas han fallecido en intervenciones de la Policía Nacional, cifra que, según indicó, supera los 122 casos registrados en el mismo período del año pasado.

Las organizaciones políticas denunciaron que, además de las muertes en operativos policiales, persisten denuncias de detenciones arbitrarias, agresiones físicas, torturas, abusos de autoridad y apropiación ilegal de bienes, situaciones que, a su juicio, continúan favorecidas por la impunidad.

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En ese sentido, presentaron cuatro demandas al Estado dominicano. La primera consiste en que el caso de Darlin Mercado sea esclarecido y que el responsable enfrente las consecuencias legales correspondientes.

Asimismo, solicitaron el inicio de un proceso de depuración de la Policía Nacional que incluya la reevaluación psicológica del personal armado, así como una actuación más activa del Ministerio Público en la investigación y persecución de los casos que involucren a agentes policiales.

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno para sustituir la actual reforma policial por una transformación estructural de la institución, orientada a fortalecer la transparencia, erradicar la corrupción y consolidar un modelo de policía comunitaria y preventiva que garantice el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía.

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