Este 7 de julio se cumple un nuevo aniversario del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, un crimen que marcó un punto de inflexión en la historia reciente de la nación caribeña y cuyas secuelas políticas, sociales y de seguridad continúan asfixiando al país.
La madrugada del 7 de julio de 2021, un comando armado compuesto principalmente por mercenarios colombianos irrumpió en la residencia privada de Moïse en el barrio de Pèlerin 5, en Puerto Príncipe. El mandatario recibió 12 disparos fatales, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. El asalto se ejecutó sin que la guardia presidencial opusiera resistencia notable, sembrando de inmediato dudas que aún persisten sobre la complicidad interna.
Justicia a cuentagotas y un caso dividido
Años después del ataque, el panorama judicial avanza a dos velocidades muy distintas:
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La vía estadounidense: El sistema de justicia de EE. UU. ha liderado los avances más significativos debido a que parte de la conspiración se tramó en Florida. Hasta la fecha, las autoridades federales en Miami han logrado procesar y condenar a cadena perpetua a varios de los cerebros y financistas clave de la operación, incluidos exmilitares colombianos y empresarios haitianos-estadounidenses.
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La vía haitiana: En Haití, la investigación civil ha estado plagada de parálisis, amenazas de muerte a magistrados y una profunda desconfianza institucional. Aunque se han emitido órdenes de arresto y acusaciones formales contra decenas de personas (incluida la exprimera dama y antiguos altos cargos bajo acusaciones de complicidad), el sistema judicial local se encuentra prácticamente congelada debido al colapso del Estado de derecho.
El legado del vacío de poder
El asesinato de Moïse no solo descabezó al Ejecutivo, sino que sumergió a Haití en un vacío institucional que las pandillas criminales aprovecharon para tomar el control de más del 80% de la capital. La violencia extrema, los secuestros masivos y la crisis humanitaria obligaron recientemente a la formación de un Consejo Presidencial de Transición y al despliegue de una misión internacional liderada por Kenia para intentar estabilizar el territorio.
Mientras los familiares de Moïse y sectores de su partido político continúan exigiendo que se identifique a los autores intelectuales definitivos, la fecha transcurre entre ceremonias solemnes empañadas por una amarga realidad: el crimen del presidente abrió una herida que la sociedad haitiana todavía no logra cerrar.
